¿Injusta justicia?

En los últimos días ha aparecido un gran revuelo entorno a la figura del juez Baltasar Garzón. Desde este mi pequeño espacio informativo voy a intentar tratar lo más globalmente que pueda todo lo sucedido, tras la polémica que han levantado.

En la actualidad, el juez debe responder a tres acusaciones lanzadas sobre su figura. Estos juicios a los que ha sido condenado son:

1. El primero es por ordenar grabar las conversaciones en prisión de los imputados en un caso de corrupción y sus abogados.
2. El segundo, el más politizado, está relacionado con su investigación sobre los crímenes cometidos durante el gobierno de Francisco Franco. La condena que puede establecerse es su inhabilitación durante 20 años.
3. El tercero está referido a unos honorarios por unos cursos dados en Nueva York. Estos cursos estaban financiados por el Banco Santander, una empresa que tenía juicios pendientes en los que él era el magistrado.

 En el primero de estos juicios mencionados, el juez Garzón fue acusado por prevaricación (Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta)  por parte de los abogados defensores de los principales cabecillas de la famosa trama Gürtel (en la que está imputado el presidente de la comunidad de Valencia, Francisco Camps) al haber ordenado las escuchas de sus conversaciones en prisión para perseguir un delito de blanqueo de dinero. Estos abogados basan su acusación en que según el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria sólo se permiten las escuchas en la cárcel en asuntos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, ha habido otros juicios en los que se han permitido escuchas de conversaciones a presos sin ser acusados por nada relacionado con el terrorismo, por lo que queda esa pregunta abierta. Si a los otros jueces no se les acusó de prevariación, ¿por qué a Garzón sí?.

El segundo juicio es el más mediático y que más habladurías ha levantado. El exjuez del Tribunal Supremo es acusado aquí por declararse competente para estudiar todos los crímenes que se dieron durante el franquismo. La intención de Garzón era ofrecer la verdad sobre todo lo ocurrido en aquellos duros tiempos, tratar justamente a las víctimas de esta y condenar a los causantes de tanto mal. Garzón también fue el encargado de estudiar todas las injusticias que se dieron durante la dictadura de Pinochet y él fue quien ordenó su detención. Por esto, no se entiende que Garzón vaya a ser juzgado por intentar aplicar dentro de España lo que hizo fuera.

Todo este tema se ha extendido internacionalmente, cuyo único efecto (de producirse la condena a Garzón) es negativa para España, ya que sería vista como un país que no es capaz de afrontar su pasado y que prefiere enterrarlo a buscar la justicia. Por esto, medio mundo está pendiente de este juicio. Para algunos produce rubor que hayan tenido que acudir como observadores organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Y es que cuesta digerir que a un juez se le siente en el banquillo por querer investigar el franquismo. Fuera de nuestras fronteras es imposible explicar, o mejor dicho que alguien entienda, que algo así puede suceder.

"El mundo entero tiene los ojos puestos en este juicio y en las represalias que se están aplicando sobre Garzón". "La justicia española se está haciendo daño a sí misma", insistió uno de esos observadores, el consejero jurídico de Human Rights Watch, Reed Brody. A esto, le suma que Garzón "se ha hecho muchos enemigos. Es un juez que molesta, que incomoda. Pero el mundo necesita jueces que molesten, como él", además de preocuparle "el efecto intimidación" que este proceso pueda tener sobre otros jueces ante similares casos. "¿Es que las víctimas del franquismo tienen menos derechos que las de víctimas de Pinochet?".

El presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Nikken, considera que este juicio "destruye la independencia judicial de un país, afecta a la democracia y afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque están en juego valores universales". Además, añade "abandonar a un juez que aplica la justicia universal en favor de las víctimas significa atentar y quebrantar uno de los pilares del Estado de Derecho".

Además, de toda esta ayuda internacional, algunos mientros de IU también han salido en su defensa y le han mostrado su apoyo.

Este juez se ha caracterizado a lo largo de su vida por la lucha sin claudicaciones en contra del terrorismo internacional, en contra del crimen organizado trasnacional, del tráfico internacional de drogas, de la corrupción, y del genocidio. Por todas estas ilegalidades que ha levantado y por  muchas más el nivel y la intensidad de sus enemigos es sólo comparable al fervor incondicional de sus amigos. Por eso unos van al Supremo a vitorearle como héroe ciudadano vilmente perseguido por una conspiración fascista y otros están haciendo todo lo posible por quitarlo de juez. Le abren una causa en la que la Fiscalía no encuentra nada delictivo ni existe acusación particular, pero que sigue adelante por la acción popular de un presunto sindicato sin afiliados pero con ideología ultraderechista.